Debate resolución sobre Libertad Religiosa en la OEA: intervención en la CAJP

El siguiente texto corresponde a la presentación del director de GEMRIP, Nicolás Panotto, durante la reunión de la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la OEA el día 17 de diciembre de 2019, en la cual se debatió entre representantes de Estado y organizaciones de sociedad civil los próximos pasos en torno a la Resolución sobre Libertad Religiosa del organismo.

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Estimadas y estimados,

Agradezco la invitación para ser parte de este diálogo, compartir lecciones aprendidas e intercambiar buenas prácticas sobre el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión o creencia.

El Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) es una organización que tiene como principal objetivo el desarrollo de instancias de formación, sensibilización e incidencia para y desde organizaciones de sociedad civil, actores religiosos y organizaciones basadas en la fe, sobre los diversos escenarios en torno al lugar público de lo religioso, en sus facetas locales, nacionales y regionales. Llevamos tres años trabajando en el marco particular de la OEA: desde el 2017 hemos estado observando los escenarios formales de participación de sociedad civil y actores sociales en Asambleas Generales y Cumbres de las Américas, lo que nos impulsó en el 2018 a constituir la Coalición Religiones, Creencias y Espiritualidades en Diálogo con Sociedad Civil, primer grupo de sectores religiosos que, en interacción con otros actores sociales, se presenta en la OEA desde una perspectiva de fe. Adicionalmente, participamos del 168 período de sesiones de la CIDH en 2018, como una de las organizaciones que expuso en la audiencia sobre Estado Laico y pluralismo religioso en América Latina.

Celebramos la iniciativa de la adopción de la Resolución que hoy nos convoca y por eso participamos activamente en la presentación de insumos para su adopción. Las ideas y recomendaciones que compartimos el día de hoy son fruto de esa experiencia, además de los insumos recopilados de cuatro eventos regionales que hemos organizados para dialogar sobre las implicancias de este documento, los cuales han convocado a alrededor de 150 personas.

Empiezo por decir que para la identificación de buenas prácticas es muy importante tener en cuenta los siguientes elementos:

  • El campo religioso es sumamente plural y heterogéneo, tanto en términos de creencias específicas como de posicionamientos vinculados a temas sociales, políticos y morales. Por esta razón, es imposible poder referir a lo religioso como un agente homogéneo, lo cual corresponde un gran desafío poder dar cuenta de todo el campo en las Américas en un diálogo como el que manda la Resolución; y sin embargo, es un imperativo hacerlo.
  • En términos de derechos humanos, hay una gran responsabilidad en este tipo de debates por dar lugar no sólo a las voces mayoritarias sino también a las minorías religiosas, que tienen un papel fundamental en las dinámicas sociales de nuestra región, y que son, muchas veces, excluidas de diálogos políticos como éste. Más aún, deben estar presentes otras nociones, como las de espiritualidades, cosmovisiones e inclusive el derecho a no creer, los cuales inscriben maneras heterodoxas de la expresión religiosa que son parte de nuestra cotidianeidad, y representan, además, agentes fundantes para un diálogo en la materia.
  • En términos de ejemplos concretos, aunque podría a primera vista parecer que la adopción de una ley de libertad religiosa es una buena práctica, es necesario entender que a la hora de elaborar un concepto/proyecto de libertad religiosa se deben hacer distinciones entre elementos que son propiamente religiosos y otros que son parte de un debate más amplio junto a otros sectores de la sociedad, sobre los cuales, inclusive, no existen consensos dentro de las mismas comunidades. Al respecto, un tratamiento de la libertad religiosa, tanto en términos jurídicos como políticos, no puede contradecir, vulnerar o promover el incumplimiento de acuerdos (y sus respectivos mecanismos legales e institucionales) en otras áreas que conciernen al debate social, desarrollo de políticas públicas, entre otros, en nombre de la religión o del respeto a una postura particular, ya que existen temáticas que trascienden a las instituciones religiosas como agentes particulares, o inclusive, como hemos mencionado, representan visiones que carecen de consensos unívocos hacia dentro de las propias instituciones; más aún, se mantienen en un debate a veces polarizado. Por lo tanto, la sola existencia de una ley de libertad religiosa no puede ser vista como una buena práctica, si ésta, en su diseño e implementación, incluyendo su aterrizaje territorial y local, no respeta lo mencionado y otros elementos que se indicarán más adelante.
  • Considerar la defensa de la pluralidad religiosa no debería plantearse sólo como protección o garantía de elecciones personales, individuales, institucionales o privadas, menos aún de posicionamientos religiosos particulares, aunque sean mayoritarios en términos demográficos o cuantitativos; más bien, se debe partir de una comprensión del lugar de la fe desde una perspectiva comunitaria y relacional, es decir, como un campo que incide en toda la sociedad y que tiene vinculación directa con el reconocimiento, defensa y abordaje de distintas demandas, vinculadas a intereses locales, nacionales y regionales.
  • Finalmente, la promoción de la libertad religiosa debe enmarcarse en una mirada de defensa democrática, de derechos humanos y de libertad de expresión, creencia y no creencia.

Partiendo de estos presupuestos, creemos fundamental tener en cuenta los siguientes elementos a la hora de hablar de buenas prácticas como también de tipos de abordaje que la Comisión quiere desarrollar en la materia, y que puedan aportar a la discusión sobre la resolución:

  1. Diversos ejemplos reconocidos de buenas prácticas en el campo religioso, tanto a nivel regional como global, nos muestran que la construcción de un espacio de reconocimiento no sólo deviene de un marco legal (es decir, de la existencia de una ley de libertad religiosa) sino también de un conjunto de prácticas (e intensiones) políticas, que tienen tres características: 1) visibilización de las minorías religiosas, que se encuentran muchas veces en un lugar de desventaja en términos de participación política; 2) un enmarque desde la noción de pluralismo y diálogo interreligioso, a partir de instancias de real intercambio, y sin privilegios; 3) una práctica basada en el diálogo, a partir del establecimiento ejes de debate democrático.
  2. Deben considerarse diversas prácticas que vinculan el campo religioso no sólo con el desenvolvimiento de sus prácticas particulares sino también su compromiso con instancias de desarrollo social, a saber: el involucramiento de grupos religiosos en el desarrollo comunitario, la formación cívica, la articulación con otros agentes de sociedad civil y actores políticos, el involucramiento con la formación educativa (sea en escuelas como espacios académicos y organizaciones sociales), el trabajo con sectores vulnerables, el acompañamiento de agendas en derechos humanos, entre otros.
  3. Finalmente, proponemos que algunos de los criterios para el establecimiento de experiencias y abordajes sean los siguientes:
    • Que sea un diálogo amplio, en clave de derechos humanos, interdisciplinario y representativo de los diversos actores, intereses, perspectivas y posicionamientos por igual
    • Que se haga desde una clave interreligiosa y que comprenda equitativamente: 1) expresiones religiosas institucionales (tanto mayorías como minorías), 2) abordajes académicos y 3) visiones desde la sociedad civil, teniendo en cuenta, de manera paritaria y respetuosa, la complejidad y pluralidad del espacio de sociedad civil representada en la OEA, con sus distintas perspectivas, posicionamientos y visiones.

Finalizo reiterando mi agradecimiento, así como la voluntad de seguir colaborando en un diálogo abierto y plural sobre este tema, que creo es fundamental no sólo para el reconocimiento del derecho de comunidades religiosas, sino también para el desarrollo de sociedades democráticas, donde los sentidos de trascendencia, de compromiso radical con el prójimo, de fe como confianza plena, de compromiso espiritual con el medio ambiente, elementos tan propios del campo religioso, representan un aporte fundamental para la convivencia política. Muchas gracias

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