Laicidad, religión y la disputa por la moralidad sexual y reproductiva. El caso de México

Por René A. Tec-López
Instituto de Estudios Avanzados
Universidad de Santiago de Chile
rene.tec@usach.cl

En el año 2007, el entonces Distrito Federal (hoy Ciudad de México) se convirtió en la primera entidad de la República Mexicana en despenalizar el aborto en todas sus causales. A raíz de este evento, los congresos locales del resto de los estados cerrarían sus puertas ante la posibilidad de que esta iniciativa pudiera convertirse en una ley nacional. Tuvieron que pasar doce años para que nuevamente un congreso local votara a favor de la legalización del aborto, siendo el caso de Oaxaca cuando el 25 de septiembre del año en curso se convirtió en el segundo estado en despenalizarlo después de haber aprobado el matrimonio igualitario un mes antes.

Ambos temas, tanto el aborto como el matrimonio entre personas del mismo sexo, han sido el platillo fuerte de la discusión valórica en lo que va del nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Un importante sector de su partido Morena ha lanzado iniciativas a favor de la despenalización del aborto, el matrimonio igualitario y la legalización de las drogas. Sin embargo, la oposición a esta agenda también ha logrado estructurarse con mucha fuerza, tanto fuera como dentro del mismo partido. Incluso, la postura de AMLO ha sido bastante ambigua, tildada más de conservadora que de “izquierda”[1].

Tan solo en este año, seis congresos locales han discutido en el pleno el reconocimiento del matrimonio igualitario: Yucatán lo rechazó dos veces (10 de abril y 15 de julio), junto a los congresos de Sinaloa (8 de junio) y Zacatecas (14 de agosto). Solamente en Oaxaca y Baja California se votó a favor, uniéndose a la larga lista de estados que ya reconocían esta figura del matrimonio: Quintana Roo, Ciudad de México, Coahuila, Nayarit, Chihuahua, Jalisco, Campeche, Michoacán, Morelos, Chiapas, Puebla, Nuevo León y Aguascalientes. Ante este panorama, diversos grupos providay profamilia, así como colectivos feministas y de la diversidad sexual han realizado múltiples manifestaciones a lo largo del país, acalorando el debate en torno a la moral sexual y reproductiva.

Como nunca, la sociedad mexicana se ha polarizado en torno a dos grupos antagónicos: quienes buscan el reconocimiento de sus derechos apelando a las libertades y a la laicidad del Estado, y quienes temen que las políticas públicas estén siendo influenciadas por ideologías externas para desmoralizar la sociedad. Ambos grupos actúan a partir de principios morales que, como en el caso conservador, son atravesados por preceptos religiosos. En este sentido, es evidente que las principales organizaciones que se han pronunciado en contra de las iniciativas progresistas están vinculadas con la Iglesia Católica y diversas iglesias evangélicas, principalmente de la vertiente llamada neopentecostal.

De esta forma, la intromisión de lo religioso en los procesos legislativos se ha convertido en un punto central de las discusiones académicas y de la opinión pública. Diversos especialistas de los estudios de la religión y las ciencias políticas han alzado la voz ante lo que consideran es una clara violación al Estado Laico, cuando organizaciones como el Frente Nacional por la Familia (FNPF), pastores evangélicos o ciertos legisladores se pronuncian al respecto a partir de ideas religiosas o usando símbolos que se relacionan con lo religioso.

Esta tensión ha provocado importantes consecuencias en espacios de libre pensamiento como sucedió el pasado 13 de junio en la Universidad La Salle de la Ciudad de México, cuyas autoridades cancelaron de último momento la conferencia “Deconstruyendo el feminismo y la ideología de género” que impartirían Agustín Laje y Nicolás Márquez[2], ante la presión de académicos, estudiantes y grupos feministas con el argumento de que ambos expositores promovían discursos de odio. Los organizadores denunciaron públicamente este hecho como un acto de censura. En ese mismo mes, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, instauró el uniforme neutro en las escuelas públicas de la ciudad, es decir, en palabras suyas: “la falda no será exclusiva para las niñas y el pantalón para los niños. Acciones sencillas para promover igualdad de derechos”, lo que provocó una fuerte reacción por parte de grupos conservadores como la Unión Nacional de Padres de Familia (UNPF) que declaró que este tipo de medidas son un intento por ideologizar a los niños en nombre de la igualdad[3]. Y, más recientemente, en el mes de septiembre en Yucatán, se llevó a cabo la Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, un magno evento en el que se retomó el tema del rechazo al matrimonio igualitario. Invitados especiales como Joy Huerta, Ricky Martin, Miguel Bosé, Diego Luna y Rigoberta Menchú se pronunciaron a favor de éste y algunos de ellos con severas críticas al Congreso local por legislar en contra.

Podríamos decir que el inicio de la discusión valórica y de los avances en materia de derechos sexuales y reproductivos se dio en el Distrito Federal con la legalización del aborto en 2007 y con el reconocimiento del matrimonio igualitario en 2010. A pesar de que estas iniciativas no contaban con la aprobación de la mayoría de los capitalinos, fueron impulsadas principalmente por los legisladores y el Jefe de Gobierno de ese entonces. Con el paso de los años, la ciudadanía fue asimilando las nuevas realidades sociales, y hoy en día estas leyes gozan de una aceptación en la capital del país según la más reciente encuesta de El Financiero[4]en la que se menciona que el 53% de la población en CDMX está de acuerdo con que la mujer tenga el derecho al aborto y el 62% considera aceptable el reconocimiento del matrimonio homosexual.

El año 2015 también marcó un hito para los grupos de la diversidad sexual. La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a favor del matrimonio igualitario al declarar que cualquier ley que conciba ese concepto bajo los preceptos heteronormativos es inconstitucional. Con esta medida, las parejas homosexuales que vivían en estados donde el Código Civil no había sido modificado, podían lograr el reconocimiento legal de su unión por medio de un amparo gracias al fallo de la SCJN.

Sin embargo, para que esta ley pudiera hacerse realidad en todo el país sin la necesidad de recurrir al costoso amparo, el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso de la Unión una iniciativa en 2016 para modificar el artículo 4o constitucional y el Código Civil Federal permitiendo que la figura del matrimonio no sea exclusiva entre un hombre y una mujer. Ante este hecho, la reacción de los grupos profamiliafue demoledora. Estos se organizaron en asociaciones civiles como las de Concertación (Centro de Cultura y Orientación Civil), de origen evangélico, y ConFamilia (Consejo Mexicano de la Familia), de origen católico, para presentar iniciativas ciudadanas ante las mesas directivas de la Cámara de Diputados y del Senado con el fin de “proteger la vida y la familia”. Dicha acción fue reforzada por las marchas que organizó el FNPF y a la que se incorporaron tanto católicos como evangélicos. El final de la historia devino en una vergonzosa derrota política para el presidente. Su propio partido, el PRI, que contaba con la mayoría de los legisladores en ambas Cámaras, rechazó la iniciativa del Ejecutivo en noviembre de ese mismo año con el argumento de que no era una prioridad para la Comisión de Derechos Humanos y para la Comisión de Puntos Constitucionales. Sin embargo, fue evidente que la presión de los grupos neoconservadores resultó ser el factor más importante para que el PRI se echara para atrás luego de haberse pronunciado a favor de la iniciativa. De esta forma, Peña Nieto se vio relegado al exilio político, sin el apoyo de la Iglesia Católica, cercana al PRI desde la década de los noventa; sin el apoyo de los evangélicos, aliados históricos del partido revolucionario; sin el apoyo de los colectivos de la diversidad sexual quienes vieron desvanecer una gran oportunidad; y, por último, sin el apoyo de la militancia de su propio partido, lo que derivó en la gran derrota del PRI en las elecciones de 2018.

Ahora bien, actualmente nos encontramos ante un horizonte sumamente complejo. Cada vez más lo religioso está penetrando las paredes de lo que aparentemente era un Estado bien resguardado en su carácter laico. Es decir, separado de lo religioso. Sin embargo, al analizar la historia de la relación entre lo religioso y lo político, nos damos cuenta de que la Iglesia siempre estuvo presente, principalmente después de la segunda mitad del siglo XX y con mayor auge a partir de 1992 cuando las asociaciones religiosas lograron adquirir personalidad jurídica gracias a la reforma de Carlos Salinas de Gortari, una figura que no existía desde 1917.

Aunado a esto, el surgimiento de actores político-religiosos, como los grupos evangélicos, complejizan más el panorama. La alianza ecuménico-política que se ha gestado entre estos últimos y su enemiga histórica, la Iglesia Católica, resulta interesante para reflexionar. ¿Estaremos ante el inicio de acciones mucho más directas de grupos religiosos dentro de los procesos legislativos? ¿Qué implica que se escuchen los argumentos de estos grupos que conciben a la familia como algo natural e inamovible? ¿Qué implica usar en las discusiones legislativas categorías como “diseño original”, “varón y hembra los creó” o afirmar que un embrión ha sido creado por voluntad de Dios? ¿Qué papel debería tomar el Estado mexicano si el poder Ejecutivo es el primero en promover símbolos y principios religiosos en su afán por ocuparse del “bienestar del alma”?

Ante esto, del otro lado también observamos importantes movilizaciones. Además de las organizaciones feministas y del colectivo LGBTTTIQ+ que cada vez se hacen más presentes en la opinión pública y el campo político, dentro del mismo campo religioso encontramos agrupaciones como “Católicas por el Derecho a Decidir” e iglesias evangélicas de la diversidad sexual que desde sus particulares preceptos religiosos se están movilizando y promoviendo un mensaje incluyente que contrasta con el de los grupos neoconservadores. Esto nos enseña que dentro del campo religioso cristiano encontramos una gran diversidad de tendencias y posiciones políticas respecto a la moral sexual y reproductiva. Aspecto que se traslada también al campo político y su evidente pluralización.

Desde el propio Gobierno Federal la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero se ha comprometido a impulsar la ley del aborto, el matrimonio igualitario y la despenalización de las drogas a nivel nacional. Gran parte de los legisladores morenistas en las Cámaras, como la senadora Citlalli Hernández han asumido la bandera de los derechos sexuales y reproductivos como parte de su lucha personal y los logros parecen que están llegando, aunque sea a paso lento.

Es en este escenario en el que la complejidad se hace más notoria, porque no solamente estamos siendo testigos de acciones para impulsar leyes que responden a agendas valóricas particulares y cuyos discursos chocan entre sí, sino que detrás de estas iniciativas encontramos grupos que han definido sus principios a partir de visiones distintas del mundo, movilizándose con extrema pasión y creyendo con gran celo que su forma de concebir la realidad social es la correcta.

Que un Estado sea laico no significa que sea antirreligioso, pero que no sea antirreligioso tampoco implica que se haga política a partir de valores vinculados a una expresión particular dentro del campo religioso. El problema radica en que en México conviven cientos de sistemas de creencias y espiritualidades que conciben con distintas tonalidades la realidad social. Entonces, la ventaja de un Estado laico es que puede mantenerse al margen de dicha dificultad. Actuando no a partir de valores religiosos sino de principios morales en concordancia con una perspectiva de derechos humanos que permita la convivencia pacífica y respetuosa entre distintos grupos. Mientras exista diálogo entre las partes y no se imponga una concepción de moral sexual y reproductiva única, o se argumente sin violentar los derechos de los otros, tal vez, y solo tal vez, se estaría en un camino apto para trazar democráticamente el devenir de una sociedad ideal. En lugar de campañas de odio y cancelación de derechos, podríamos optar por el reconocimiento de los otros. No obstante, el escenario mexicano actual se encuentra muy lejos de dicho ideal. Una democracia utópica resulta placentera de vislumbrar, pero difícil de llevar a cabo.

[1]Rodríguez García, Arturo (12 de marzo, 2019) “Soy dueño de mi silencio, dice López Obrador ante polémica sobre el aborto”, Proceso, [https://www.proceso.com.mx/574950/soy-dueno-de-mi-silencio-dice-lopez-obrador-ante-polemica-sobre-el-aborto]

[2](12 de junio, 2019) “Universidad La Salle cancela conferencia sobre ‘falsos derechos’ de mujeres y comunidad LGBT”, Animal Político, [https://www.animalpolitico.com/2019/06/la-salle-falsos-derechos-lgbt/]

[3](4 de junio, 2019) , “La polémica por el ‘uniforme neutro’ de la CDMX impulsado por Claudia Sheinbaum”, El Universal, [https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/la-polemica-por-el-uniforme-neutro-de-la-cdmx-impulsado-por-claudia-sheinbaum]

[4]Moreno, Alejandro (27 de septiembre, 2019) “Apoyo mayoritario al aborto en CDMX y Baja California” en El Financiero, [En línea: https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/apoyo-mayoritario-al-aborto-en-cdmx-y-bc]

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