GEMRIP y REDLAD presentes en la audiencia sobre Estado laico organizada por la CIDH

El Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) y La Red Latinoamericana por la Democracia (REDLAD) fueron elegidas junto a tres organizaciones más de la sociedad civil para exponer en la audiencia de oficio convocada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), llevada a cabo en Santo Domingo el día 11 de mayo. Compartimos el documento presentado a través de Nicolás Panotto, representante el la audiencia.

 

Libertad Religiosa y Estado laico en América Latina
Audiencia de oficio CIDH

Presentación GEMRIP-REDLAD

Estimadxs Señorxs,

La Red Latinoamericana por la Democracia (REDLAD) y el Grupo de Estudios Multidisciplinarios sobre Religión e Incidencia Pública (GEMRIP) agradecen la posibilidad de participar en este espacio junto al resto de las organizaciones colegas.

REDLAD y GEMRIP vienen trabajando de manera conjunta en la construcción de puentes entre el mundo religioso y las organizaciones de la sociedad civil y activistas, en especial personas de la diversidad sexual, con el objetivo de avanzar en acciones de incidencia regional en el marco de la OEA y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.

Nuestra experiencia ha mostrado que cuando hablamos de Estado laico en América Latina, nos encontramos con un contexto complejo y muy dispar si comparamos cada caso a nivel regional. El reconocimiento del Estado laico en el continente tiene una historia extendida, si la analizamos a la luz de las transformaciones en Europa a partir de finales del siglo XVIII y los procesos de independencia en la región, que desde sus inicios planteó la necesidad separar el poder político del eclesial.

Pero ya aquí nos encontramos con una dificultad, que nunca fue subsanada. La negociación entre la iglesia católica y los poderes coloniales, implicó dejar zonas grises que nunca permitieron que dicha separación sea efectiva. En México, Nicaragua, Cuba y Uruguay, las constituciones nacionales hacen una separación estricta entre Iglesia y Estado, además de declarar el laicismo como modelo político. Pero en el resto de los países del continente, la situación es más ambigua: a pesar de que se declara la libertad de cultos, la iglesia católica mantiene un estatus preferencial que le otorga una figura legal con mayores privilegios que la de otros cultos, o podemos ver la invocación del nombre de Dios en el preámbulo constitucional, o la idea de “sostenimiento” de la iglesia, término sumamente ambiguo cuyo propósito es mantener la puerta abierta a un trato preferencial, el cual se refleja en una condicionalidad política particular y hasta la financiación de la estructura eclesial con fondos públicos.

Más allá de las cuestiones formales con respecto a legislaciones y marcos jurídicos, vale recalcar que la presencia de la iglesia cristiana (ahora no sólo católica sino también evangélica) posee no sólo un estatus de reconocimiento institucional sino también –y principalmente- simbólico y cultural. Con esto queremos decir que la religión cristiana se transforma en un marco de referencia el cual se presenta casi ineludible a la hora de tratar ciertos temas socialmente sensibles, especialmente aquellos vinculados a agendas valóricas. Es así, que en muchos países la influencia de ciertos discursos y cosmovisiones religiosas de corte conservador dentro de las instancias de deliberación y debate público, logra que proyectos de ley sean modificados o directamente descartados, y no sólo a través de acciones directas de agentes políticos (lo que se entiende como lobby) sino a partir de la presión que ejercen en legisladores y legisladoras, que deben seguir los mandatos eclesiales.

Aclaramos que en este documento hacemos una distinción entre grupos conservadores (es decir, aquellos que sostienen posturas tradicionales con respecto a sexualidad, familia y derechos humanos, pero que mantienen una acción más bien intra-eclesial), neo-conservadores (que mantienen las mismas posturas que los conservadores pero dan mucho énfasis en la incidencia social, para lograr visibilización en espacios políticos y proyectarse más allá de las estructuras institucionales) y fundamentalistas (que mantienen posturas radicales y sin ningún término de diálogo con otros sectores, sean religiosos, sociales o políticos)

Lo ante dicho también lo podemos ver en la creciente presencia de ciertas voces evangélicas en diversos espacios de deliberación política como también en la movilización de iglesias para contrarrestar proyectos de ley. Un ejemplo es la llamada “bancada evangélica” en Brasil, que posee más de 90 dirigentes asociados con diversas iglesias y pertenecientes a distintos partidos, que se han opuesto a todo tipo de propuestas de ley inclusivas en términos de género, derechos humanos, etc., en articulación con otros sectores conservadores. También lo vemos en las grandes movilizaciones que se han dado lugar en Perú (con el lema “con mis hijos no te metas”), Panamá, Colombia, Chile, entre otros, en oposición a leyes de educación sexual o derechos sexuales y reproductivos (y en nombre de la mal llamada “ideología de género”), logrando tal presión social, que en muchos casos dichos proyectos de ley fueron replanteados o directamente retirados.

Otra dificultad se presenta en las formulaciones de leyes de libertad religiosa y su operativización desde los diversos niveles institucionales. Algunos de los límites que podemos encontrar son los siguientes:
– Primero, más allá del reconocimiento de diversas expresiones religiosas, la iglesia católica mantiene un lugar de exclusividad que se refleja, por ejemplo, en contar con una figura jurídica distinta al resto, hasta en algunos casos con igual jurisprudencia que municipios o Estados nacionales.
– Segundo, el mismo contenido de los proyectos de ley parten de concepciones reduccionistas de lo religioso, más específicamente de visiones monoteístas o cristianas, lo cual restringe los elementos de legitimidad de una expresión religiosa distinta a los presentes en el cristianismo (reflejado, por ejemplo, en el seguimiento a un marco dogmático homogéneo, un tipo de ritual institucionalizado o el uso de un libro sagrado como criterios para reconocer o no la legitimidad religiosa de una expresión).
– Por último, los proyectos de ley distan de partir de un paradigma de diversidad y pluralismo religiosos.

Esta relación orgánica entre iglesia católica y Estado, como también la carencia de leyes de libertad e igualdad religiosa que habiliten a la presencia de una mayor pluralidad de voces y perspectivas, da lugar a que ciertos discursos religiosos, especialmente ligados a temas de agenda valórica, tengan directa injerencia en el libre tratamiento de proyectos de ley, promoción de los derechos humanos y políticas públicas inclusivas.

Aquí se vulneran dos elementos centrales para un ambiente democrático. Primero, el principio mismo de laicidad, según el cual el Estado debería ser entendido como un espacio que no privilegie ninguna cosmovisión social, política, religiosa y cultural particulares, sino ser una instancia de convocatoria y articulación de las diversas voces presentes en un espacio social. Segundo, se vulnera el principio de diversidad y pluralidad inherentes a una comprensión de los derechos humanos y a un ambiente democrático, al discriminar lo religioso a una mirada específica y reduccionista, sin reconocer y dar necesaria legitimidad a otras creencias y espiritualidades, y a la misma pluralidad y diversidad presente en las expresiones religiosas, las cuales, en muchos casos, son antagónicamente distintas a las planteadas por las cúpulas jerárquicas.

Valga puntualizar que estas dinámicas posicionan ciertas visiones religiosas por sobre otras dentro del espacio público. En este sentido, es necesario comprender que el campo religioso no posee una voz única con respecto a temas valóricos. Lo religioso, la espiritualidad y las creencias nunca van ligadas a un concepto único de familia, corporalidad, educación o sexualidad. Los discursos conservadores críticos con agendas de derechos humanos, responden a las jerarquías que son, precisamente, las que infieren en la institucionalidad política. De esta manera –sumando los límites presentes por la carencia de leyes de libertad religiosa que visibilicen la pluralidad de voces dentro del mismo campo-, lo religioso queda inscrito a un conjunto de visiones conservadoras, dejando fuera otras posibles perspectivas que forman parte del campo y que son favorables a agendas inclusivas. En otros términos, la falta de desarrollo de una visión laica en el pleno sentido del término afecta no sólo las prácticas democráticas sobre la discusión de proyectos de ley y la promoción de valores democráticos, sino también al mismo campo religioso y la legitimidad de sus diversos agentes.

En este sentido, la Comisión puede hacer un gran aporte a la necesidad de un cambio de paradigma con respecto a la relación entre religiones y espacio público. Las expresiones religiosas no son sólo instancias inscritas en la vida privada sino que tienen directa incidencia en la construcción de cosmovisiones y prácticas sociales que, como vimos, en muchos casos pueden lograr importantes impactos en el espacio público. Por ello, es necesario crear conciencia de otras voces dentro del mismo campo religioso, para de esa forma contrarrestar el avance de acciones anti-derecho de ciertas voces monopólicas, y de esa manera construir acciones alternativas que vinculen lo religioso como un espacio que contribuya a una agenda democrática.

Petitorio

– Que la CIDH, en conjunto con la Relatoría de Libertad de Expresión, y en diálogo con la sociedad civil, elabore lineamientos claros aplicables a los Estados de la región para que a la luz del artículo 12 de la CADH se garantice a nivel interno la pluralidad y representatividad en los espacios democráticos. Es decir, que la garantía de la cuota de representación de grupos religiosos no se satisface con la presencia exclusiva de grupos religiosos hegemónicos, conservadores y fundamentalistas.

– Que la CIDH conforme un grupo de trabajo interno a la Comisión y sus relatorías, en diálogo con la sociedad civil y otros actores, para avanzar en la construcción de una ruta colectiva de análisis y acciones que ayuden a replantear la relación entre religiones y espacio público, y de esa manera ofrecer otras cosmovisiones que impidan la monopolización de visiones conservadores sobre la incidencia política de ciertos grupos y visiones. En términos concretos, esto se debe materializar en la apertura de espacios de diálogo con experiencias religiosas alternativas, incluir voces religiosas en espacios de debate sobre políticas en derechos humanos y la construcción de una propuesta modelo de una ley de libertad religiosa en la clave de pluralismo.

– Que la CIDH inste a los Estados de la región a habilitar instancias de debate a nivel nacional sobre estándares mínimos con enfoque de derechos humanos para la elaboración de leyes de libertad e igualdad religiosa desde la clave del pluralismo religioso, con el objetivo de visibilizar la pluralidad de posicionamientos que forman parte del campo religioso, así como para ofrecer miradas alternativas frente al monopolio que posee la iglesia católica y evangélica, tanto en lo vinculado a relaciones institucionales como al uso de fondos públicos e injerencia en proyectos de ley.

– Que la CIDH realice un diagnóstico de organizaciones, redes e instituciones religiosas vinculadas con trabajos en derechos humanos en América Latina, con el objetivo de contar con contrapartes con las cuales formar articulaciones de incidencia, sea a nivel nacional como regional. De esta manera, las cúpulas religiosas no serán las únicas interlocutoras y se podrá visibilizar voces alternativas que colaboren en agendas comunes para la promoción de políticas públicas inclusivas.

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